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Imagen aérea de La Frontera

Primera vivienda, un derecho de papel

La primera vivienda es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad. Sin techo, ni hay emancipación ni hay futuro



El pasado 12 de enero asistí a un interesante curso organizado por el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro bajo el título “Oportunidades de futuro en la Ordenación Territorial de la isla de El Hierro. La aplicación de la Ley de Islas Verdes” en el salón de plenos del Ayuntamiento de La Frontera. Este curso tiene su base en la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma (en adelante “Ley de Islas Verdes” o “Ley 14/2019”).


Cuando se promulgó la famosa “Ley de Islas Verdes”, muchos creyeron que bajo el espíritu que ya la Ley 6/2002, de 12 de junio perseguía “permitir un modelo turístico alternativo al de la urbanización turística de litoral, que se sustente en la puesta en valor del paisaje como recurso y dé respuesta a las demandas que con relación a estos modelos plantea el mercado” y “establecer los mecanismos suficientes para el traslado al mundo rural de parte de las economías que se generan por la actividad turística, en la cuantía necesaria para el mantenimiento, conservación y mejora del paisaje”, El Hierro junto con La Palma y La Gomera verían un crecimiento económico notable y una mejor preservación de su entorno rural. De hecho, el artículo 2 de la Ley de Islas Verdes fija en sus dos primeros apartados dentro de sus fines: a) La consecución de un modelo territorial basado en el uso racional y duradero de los recursos naturales. B) La incorporación del suelo rústico al desarrollo económico y social, mediante su utilización como soporte de la actividad turística.


Hablando en castellano y resumiendo, el legislador quería una norma que permitiera un desarrollo turístico respetuoso con el medio y que a su vez pudiera dar un complemento a las actividades del sector primario, consiguiendo así explotaciones más rentables y con ello una protección del modelo territorial. En definitiva, democratizar los réditos del turismo para que llegaran a más personas.


Viendo los fines de la norma, me parecen del todo loables, sobre todo ahora que la mayoría de las fincas están en manos de herreños que tienen sus propias explotaciones y que, por tanto, verían como en sus fincas pueden, sin romper con una estética paisajística, tener un complemento de ingresos. Esto supondría para muchas familias herreñas un plus de renta que ayudaría y dinamizaría la economía.


Sin embargo, esta norma mal llevada a la práctica podría suponer la destrucción de nuestro suelo rústico, darle alas a la especulación urbanística, aumentar nuestros problemas de conectividad por el exceso de demanda y agravar nuestro problema de vivienda residencial, entre otros.


Aunque este tema puede traer muchas variables, me voy a detener en este artículo solo en la vivienda habitual y bajo esta reflexión que compartí en la charla con los presentes. “Es posible que veamos como nuestros padres pueden poner en sus fincas, gracias a la Ley de Islas Verdes, instalaciones turísticas, mientras sus hijos no tienen acceso a una parcela donde poder edificar su primera vivienda”.


Y esa reflexión la entronco con lo dicho por el diputado del Común, D. Rafael Yanes, quien expuso en un extenso informe extraordinario sobre la situación de la vivienda en Canarias desde una perspectiva social, que en las islas solo hay un 0,96% de viviendas públicas sociales, por un 2,5% en el conjunto de España y un 9,3% en la Unión Europea. El Sr. Yanes instó a los partidos políticos a un gran acuerdo en torno a la vivienda, que en su opinión es el problema social más grave de Canarias, ya que se necesitan 46.000 viviendas públicas sociales en diez años.


Es decir, tenemos un gran problema con la vivienda, que probablemente la Ley de Islas Verdes cuando comience a aplicarse en la práctica (cuestión que no deja indiferente a nadie con Cabildos y Ayuntamientos con opiniones contrapuestas) supondrá un aumento del alquiler vacacional, menos vivienda en alquiler tradicional y por ende, menos oferta de vivienda para su alquiler, aumentando así el precio de las rentas. Esto, unido a las reticencias de los propietarios de alquilar como vivienda habitual por las diferentes normas que han salido del Estado para garantizar una serie de derechos a los inquilinos, así como la mayor rentabilidad del alquiler vacacional, generarán un problema mayor del que tenemos. Ya no solo serán los profesionales liberales que vienen a trabajar a las diferentes administraciones en la mayoría de los casos; serán los propios herreños y herreñas quienes tendrán que esperar a heredar para emanciparse.


Ante esto ¿qué hacer? Por suerte tuve el placer de conversar en muchas ocasiones con D. Cayo Armas quien, con su sabiduría, talante y lógica, me dio una de las claves para resolver el problema de la vivienda en la isla. Me dijo que en El Hierro la vivienda debería ser como había sido, cada uno con su casa donde mismo tuviera su explotación agrícola o ganadera. Porque la idiosincrasia de la isla es así, no nos imaginamos vivir en El Hierro en bloques de apartamentos salvo contados casos, la mayoría de la isla vive en casas terreras donde suele tener una finca, un huerto o su explotación. Forma parte de nuestro acervo histórico y cultural, y por tanto, mientras podamos desde el punto de vista medioambiental y demográfico mantenerlo y preservarlo, debería ser así.


Ese anhelo de D. Cayo Armas ayudaría sin duda a paliar parte de los efectos de la falta de vivienda, serviría para recuperar potencial agrícola o ayudar al tan ansiado relevo generacional. Y esto no es una utopía, es una posibilidad de nuestro urbanismo y comunidades como Aragón ya lo tienen contemplado en su ordenamiento. Por lo tanto, Canarias podría aspirar a una modificación de su norma que permita que en suelo no urbanizable o rústico que no tenga una especial protección, se pueda desarrollar vivienda habitual, siempre con unas características bien definidas, una clara explicación sobre quién debe promover los servicios básicos (agua, luz, alcantarillado…) y lógicamente, que sea destinada a vivienda habitual sin posibilidad de conversión a otros usos como el turístico.


La Constitución en su artículo 47 declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, sin embargo, los poderes públicos y las administraciones no estamos facilitando el acceso a un derecho tan básico. Dejemos de tener derechos de papel y comencemos a dejar hacer.

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