El diputado Raúl Acosta advierte de los riegos que suponen estos productos para la salud física y mental
El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy por unanimidad una Proposición No de Ley presentada por el diputado herreño y portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta, para disuadir del consumo de bebidas energéticas entre la población infanto-juvenil.
La propuesta, que en su apartado expositivo recoge los principales informes y estudios elaborados por especialistas en nutrición e instituciones que alertan de los riesgos de este tipo de bebidas, se insta al Gobierno a desarrollar políticas y campañas específicas y directas de comunicación orientadas a reducir el consumo de bebidas azucaradas y/o energéticas dirigida a la población infantil y juvenil.
También, y a propuesta del Grupo Socialista, se insta al Ejecutivo a tomar en consideración los estudios e informes internacionales publicados por la Organización Mundial de la Salud en relación a los perjuicios para la salud del consumo de bebidas azucaradas y otras bebida energéticas, así como las medidas para incentivar la reducción en su consumo de la población.
Acosta, que agradeció el apoyo de todos los grupos parlamentarios a su propuesta, explicó que el consumo desenfrenado de bebidas energéticas entre la población juvenil constituye una seria preocupación para la salud pública en Canarias y que la combinación entre su elevado contenido de azúcar y sus altas dosis de cafeína representa un peligro significativo para la salud física y mental de la juventud.
El diputado señaló durante su intervención que la pedagogía es mejor que la prohibición, “pero que en ocasiones y en pro de defender un interés superior como es la salud de nuestros menores vale la pena hacer un esfuerzo en adoptar las medidas necesarias”.
Acosta agradeció la colaboración prestada por el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de las Islas Canarias para la confección de la propuesta, especialmente la de su presidenta, Berta Pinto.
A este respecto, el diputado puso en valor el trabajo de estos profesionales, básicos para que las medidas que se adopten generen el mayor consenso posible en favor de una protección eficaz de la salud de las personas.