Raúl Acosta destaca las cualidades terapéuticas de la planta, además de su gran potencial para diversificar la economía canaria
El Parlamento canario ha aprobado hoy la regulación de los principios activos del cannabis (API) para su uso farmacéutico, mediante una Proposición no de Ley presentada por el diputado de la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta.
Acosta subrayó que esta propuesta no solo tiene el potencial de transformar la economía canaria, sino también de establecer sinergias innovadoras entre diferentes sectores. “Es una apuesta estratégica por la innovación y la sostenibilidad en Canarias, posicionando al archipiélago como un líder potencial en la industria del cannabis medicinal”, señaló el diputado.
La pertinencia del uso medicinal de los principios activos del cannabis cuenta con una sólida evidencia científica y una amplia regulación en el ámbito farmacéutico. Los API del cannabis permiten el desarrollo de nuevos medicamentos ofreciendo soluciones para pacientes cuyos tratamientos actuales no son efectivos o representan una opción más asequible para diversas patologías.
Durante su intervención, Acosta destacó que el desarrollo de una industria del cannabis medicinal en Canarias podría ofrecer una alternativa viable a los cultivos tradicionales en declive. “Estamos en los albores de una industria que permitiría a Canarias diversificar su economía estableciendo sinergias entre sectores y ofreciendo una alternativa -no digo complemento, digo alternativa- a superficies agrarias y cultivos tradicionales que están en franco retroceso”, explicó.
El diputado resaltó que las condiciones climáticas de Canarias brindan una ventaja competitiva en comparación con otros grandes productores. Y es que el cultivo exterior en el archipiélago puede garantizar una calidad superior del API, permitiendo hasta seis cosechas anuales, superando la media de producción por hectárea de otras regiones.
El mercado del cannabis medicinal en España ha crecido significativamente, aumentando un 46% anual desde 2018 y alcanzando los 28 millones de euros en 2022. Las previsiones estiman que para 2030 las ventas podrían superar los 300 millones de euros.
Actualmente, unas 60 empresas operan en España, según el informe de la consultora Cannamonitor, con inversiones que ascienden a 115 millones de euros, principalmente por parte de inversores extranjeros.
Acosta instó al resto de grupos parlamentarios a actuar con valentía para aprovechar esta oportunidad económica. "Tenemos todo un campo de posibilidades delante de nuestros ojos para convertirnos en un caso de éxito. Solo necesitamos audacia en las decisiones públicas, porque el negocio vendrá automáticamente si somos capaces de allanar el camino para una actividad económica que generará empleo y riqueza sin atentar contra el medio ambiente", afirmó.