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Imagen aérea de La Frontera

El Parlamento aprueba la propuesta de AHI para la aplicación del descuento de residente a los hijos de divorciados que viven en la Península

El diputado herreño Raúl Acosta defiende la medida, que tendría un coste económico limitado y un “enorme” beneficio social



El Parlamento de Canarias aprobó ayer, con la abstención del Grupo Socialista, la Proposición No de Ley presentada por el diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, para solicitar al Gobierno de España la inclusión de los hijos menores de edad de padres divorciados que viven en la Península como beneficiarios del descuento de residencia al transporte regular de viajeros.


Acosta defendió la propuesta en función de los enormes beneficios sociales que tendría la medida en contraposición al limitado impacto económico presupuestario que implicaría su puesta en marcha.


El diputado herreño recordó que, por ejemplo, para esta Semana Santa un billete de ida y vuelta Madrid-Tenerife está en los 600 euros, una cantidad que se incrementa en el caso de los menores cuyos progenitores residen en una isla no capitalina, puesto que este trayecto tampoco está contemplado en el descuento.


“Si el gasto es enormemente impactante para el bolsillo de un ciudadano medio de nuestras Islas, peor es el impacto emocional que tiene en un niño o una niña perder el vínculo con uno de sus progenitores, con sus abuelos o con su propia tierra”, señaló el diputado.


Acosta recuerda en su propuesta que ni la ley ni los decretos que regulan la subvención al transporte regular marítimo y aéreo para los residentes han dado respuesta a esta casuística, que afecta a un importante número de menores de edad.


El hecho de que estos menores tengan su residencia administrativa en la península les inhabilita como beneficiarios de la subvención, lo que dificulta enormemente la relación con su otro progenitor.


El parlamentario recuerda que una de las labores fundamentales de la Administración pública debe ser la de promover políticas y acciones que favorezcan un desarrollo integral de los menores, tal y como consagra la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

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